Hace una semana, el Gobierno nacional, a través del ministro de Justicia y Derechos Humanos Germán Garavano, presentó un Anteproyecto de Ley de Responsabilidad Penal Juvenil para ser tratado en el Congreso nacional y que tiene como objetivo bajar la edad de imputabilidad de 16 a 15 años de edad, en caso de delitos cometidos por jóvenes, penados con más de 15 años de prisión.
Esta anteproyecto, que contó con el aval de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, vuelve a insistir en un tema largamente tratado durante el 2017, y desoye el rechazo que sufrió la misma iniciativa presentada ese año por parte de distintos organismos nacionales e internacionales. También fue rechazada por organizaciones no gubernamentales dedicadas a la infancia y especialistas en la temática, tanto en la esfera pública como en el marco de las mesas de trabajo convocadas por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.
En su momento, dichas instituciones llegaron al consenso de que los jóvenes necesitan más respuestas inclusivas y restaurativas, y menos respuestas punitivas, que buscan criminalizarlos desde más temprana edad, sin resolver la problemática de raíz, de la cual ellos son las principales víctimas.
En respuesta a la reiteración de la propuesta del gobierno, las cinco Defensorías de Niñas, Niños y Adolescentes de todo el país, de las provincias de Misiones, Santa Fe, La Pampa, Santiago del Estero y Córdoba, que participaron de las mesas de trabajo y discusión del nuevo régimen pretendido, rechazaron la invitación de Garavano, emitiendo un comunicado que expresa que el anteproyecto no refleja el consenso construido en las reuniones, en torno al tema de la edad de punibilidad.
“Las infancias y las adolescencias tienen derecho a contar con un Sistema de Justicia Penal Juvenil de la democracia, respetuoso del principio de la especialidad, que siga los lineamientos de la justicia restaurativa, y que se enmarque dentro del Sistema de Protección Integral y que exprese en la ley y en las políticas públicas, las observaciones del Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas”, manifestó el documento firmado por los cinco defensores de los niños, niñas y adolescentes del país, entre los cuales se encuentra la defensora de la provincia de Córdoba, Amelia López.
La necesidad de respuestas urgentes
“Casi la mitad de los niños de nuestro país se encuentran en condiciones de pobreza multidimensional, con todo lo que eso implica. Principalmente, la vulneración de sus derechos”, afirmó Amelia López, defensora de los Niñas, Niños y Adolescentes de la provincia.
Y explicó en torno al tema: “En el 2017, todas las defensorías del país y los organismos especializados en derechos de niñas, niños y adolescentes llegamos al acuerdo de que es necesario cambiar la vieja legislación en relación a los procedimientos penales para jóvenes, ya que no condicen con el paradigma de sujetos de derechos, pero al mismo tiempo es menester desterrar el espíritu punitivo que propone el Gobierno, y lograr hacer esto, desde un paradigma restaurativo”.
Por otro lado, López informó que los niños y jóvenes que transgreden la ley penal lo hacen porque ellos mismos no tienen desde su nacimiento la posibilidad de hacer cumplir sus derechos básicos y fundamentales, dado que estos, en muchos casos son vulnerados en gran parte, y en algunos casos, en su totalidad.
“Ante este panorama, el Estado no puede actuar con más agresión.No debe ser regresivo, es decir, ir hacia atrás en materia de derechos, desandando todo lo logrado en los últimos años, porque de esa manera se está criminalizando a los niños y jóvenes y revictimizándolos, cuando en realidad ya son las principales víctimas de un sistema de pobreza y exclusión”, destacó la defensora sobre los motivos del rechazo a la propuesta del Gobierno nacional.
Soluciones en profundidad y a largo plazo
Por otro lado, Amelia López, aseveró que bajar la edad de imputabilidad de los jóvenes no resolverá el problema de fondo, ni la cuestión de la seguridad que preocupa tanto.
“El problema de la inseguridad se previene mejorando los índices de pobreza, logrando una mejor y mayor educación para todos, más oportunidades de educación y de trabajo para los sectores más vulnerables”, opinó.
Además, hizo hincapié en la urgente necesidad de “poner en marcha un sistema restaurativo integral, que proponga medidas alternativas al encierro dentro del proceso penal, como la mediación, el desarrollo de un seguimiento personalizado para los niños, jóvenes y sus familias que incurrieron en el delito para conseguir un real acompañamiento del Estado en estos casos, y llevar a cabo lo que se llama ‘asistencia en libertad’ de cada caso que lo amerite”.
Más cuestiones sin resolver
Amelia López, dio a conocer que no sólo es necesaria una nueva ley penal juvenil restaurativa e inclusiva, sino que las Defensorías de los Niñas, Niños y Adolescentes del país, reclaman al Gobierno actual que haya disminuido el Presupuesto destinado a sus organismos, el cual no puede ser recortado dado que el mismo está protegido por la ley.
Por otro lado, las defensorías también solicitan la designación del Defensor Nacional de los Niñas, Niños y Adolescentes , figura que nunca fue electa a pesar de que su designación fue estipulada a través de la Ley 26.061, de Protección Integral de los Derechos de la infancia y adolescencia.
“La niñez y la juventud no es un tema para desatender, sino uno muy urgente. Por estos desacuerdos con el ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, una ley penal juvenil justa sigue sin tratarse y un tema de gran importancia sigue siendo relegado”, concluyó la defensora.
